rás del uniforme: un excomandante estatal habla sin filtros
La conversación se realizó en un lugar discreto de Chilpancingo, lejos de oficinas oficiales. El entrevistado, quien durante casi dos décadas vistió el uniforme de la Policía Estatal en Guerrero, aceptó hablar bajo la condición de que su identidad permaneciera protegida por seudónimo. Lo que se obtiene es un retrato poco habitual sobre cómo se ejerce —y se negocia— el poder dentro de una corporación atravesada por la política regional.
Pocas veces un mando intermedio accede a narrar en primera persona lo que ocurre al interior de los cuarteles. En Guerrero, donde la delgada línea entre autoridad y crimen organizado ha sido documentada durante años, este tipo de testimonios resultan clave para entender el funcionamiento real de las instituciones de seguridad. La voz recogida no pretende agotar la verdad oficial, pero sí arrojar luz sobre prácticas que rara vez cruzan la puerta de los comunicados institucionales.
A lo largo de varias horas, el excomandante repasó su reclutamiento, los primeros operativos en zonas serranas, las órdenes verbales que recibía y el momento exacto en que decidió dar un paso al costado. Relató episodios que permiten dimensionar la influencia del narcotráfico en la corporación, las presiones políticas que llegaban de los despachos del gobierno estatal y las fracturas internas que terminaron por empujarlo al retiro anticipado.
Este material se ofrece al lector como un insumo periodístico que dialoga con otras piezas publicadas sobre la realidad guerrerense. La intención no es personalizar el debate en una sola persona, sino abrir una ventana hacia los mecanismos opacos que moldean la vida pública en entidades como Guerrero, donde las preguntas sobre seguridad suelen responderse con cifras y no con explicaciones de fondo.
De Iguala a la academia policial: los primeros pasos
El excomandante creció en Iguala, en una familia de comerciantes que veía con recelo cualquier vínculo con las instituciones de seguridad. Asegura que su ingreso a la Policía Estatal ocurrió a finales de los años noventa, cuando la corporación necesitaba reclutar jóvenes de la región. El examen de admisión, recuerda, era más un trámite que un filtro real; los cupos ya estaban negociados entre las áreas de recursos humanos y los jefes regionales.
Su formación inicial incluyó cursos de tiro, defensa personal y derecho procesal, aunque la mayor parte del aprendizaje ocurrió en la calle. Los instructores transmitían una doctrina operativa marcada por la discreción: la primera lección clara fue que un operativo exitoso no era el que detenía a un capo, sino el que no generaba ruido en los medios de comunicación.
En esa etapa temprana fue asignado a tareas de vigilancia en carreteras y pueblos de la Sierra. Ahí, según relata, empezó a comprender la compleja relación entre comunidades, presidentes municipales y grupos armados que controlaban rutas de trasiego, una cercanía con el territorio que años más tarde lo convertiría en un mando con información sensible.
La rutina de los operativos en zonas de alto riesgo
Conforme ascendió, pasó de vigilar carreteras a coordinar operativos conjuntos con fuerzas federales. Describe jornadas que comenzaban a las cinco de la mañana y terminaban después de la medianoche. La coordinación, afirma, era buena sobre el papel, pero caótica en la práctica por la falta de comunicación entre corporaciones.
Recuerda un operativo en Tierra Caliente, donde el objetivo era capturar a un líder regional vinculado a varios hechos violentos. La operación terminó en un enfrentamiento que dejó tres civiles muertos y dos agentes heridos. Lo que nunca se publicó, señala, fue que la información había llegado a los grupos criminales con varias horas de anticipación, lo que permitió reorganizar la defensa y mover al objetivo principal.
Esos vacíos en la cadena de inteligencia, asegura, no eran accidentales. Existía un patrón mediante el cual ciertos comandantes obtenían beneficios personales a cambio de no interferir en actividades específicas. Los efectivos que se negaban eran reubicados a áreas administrativas o sometidos a expedientes que concluían en destituciones. La disciplina, remarca, también se usaba como herramienta de control interno.
Órdenes que no se discuten y pactos que no se firman
Una de las partes más reveladoras giró en torno a las instrucciones que llegaban desde el Palacio de Gobierno. Las directrices verdaderamente importantes, afirma, nunca se plasmaban por escrito. Todo se transmitía en reuniones breves, llamadas desde números desconocidos o mensajes cifrados que desaparecían minutos después de ser leídos. Esa informalidad permitía que nadie pudiera rastrear después la cadena de mando.
Los pactos con grupos criminales, sostiene, no siempre involucraban entregas directas de dinero. En muchos casos el acuerdo consistía en no realizar operativos en ciertos horarios, omitir colonias del patrullaje o alertar a los operadores sobre la llegada de fuerzas federales. Esta coordinación paralela terminó por configurar un mapa delictivo diferenciado, en el que ciertas rutas operan con permisos tácitos mientras otras son castigadas con operativos espectaculares.
Para dimensionar las consecuencias de esa dinámica en la vida cotidiana, vale la pena revisar un análisis reciente sobre las rutas del crimen organizado, donde se documentan las zonas donde la presencia policial se diluye de manera sospechosa.
Acapulco, turismo y los acuerdos bajo la sombra
El puerto de Acapulco aparece una y otra vez en el relato. La temporada vacacional, asegura, representa un periodo crítico, pues las expectativas de derrama económica chocan con la realidad operativa. En su época activa le tocó coordinar dispositivos especiales en Semana Santa, verano y puentes largos, momentos en los que las instrucciones superiores enfatizaban mantener una imagen turística limpia, aunque eso implicara reducir la presencia en colonias conflictivas.
Esa lógica produjo una paradoja documentada: mientras los reportes oficiales presumían una disminución en índices delictivos durante temporadas altas, las carpetas de investigación por extorsión y secuestro se acumulaban en zonas populares. Datos sobre el gasto turístico muestran que la derrama económica convive con un entorno de riesgo que pocas veces se discute en las campañas oficiales de promoción.
La presión por mantener cifras alentadoras, añade, se traducía en instrucciones precisas de no levantar ciertos reportes que pudieran afectar la estadística del trimestre. Esa discrecionalidad es, según su testimonio, uno de los principales motores de la opacidad institucional que hoy impide evaluar con seriedad el desempeño policial en la entidad.
El día que decidió dar un paso al costado
La salida del excomandante, según su versión, no fue una renuncia negociada ni una decisión personal. A finales de la administración anterior recibió instrucciones de participar en un operativo que constituía una represalia política contra un grupo de autodefensas en la región de la Montaña. Al negarse comenzó una serie de represalias administrativas: cambios de adscripción sorpresivos, auditorías a su expediente y una investigación interna por enriquecimiento inexplicable.
Asegura que el expediente carecía de sustento real y fue armado con información patrimonial filtrada de manera ilegal. Sin recursos para enfrentar un proceso prolongado optó por acogerse a un retiro anticipado con compensación reducida. La presión fue diseñada para que el mensaje llegara al resto de la tropa: quien cuestiona las órdenes superiores termina marginado y sin protección institucional.
Lo que aún no se ha dicho
El excomandante concluye con un mensaje dirigido a la sociedad guerrerense. Reconoce que dentro de la corporación existen mandos honestos, pero advierte que esos perfiles suelen ser los primeros en ser desplazados cuando incomodan. Pide a los periodistas no abandonar el seguimiento de los casos y a los ciudadanos exigir investigaciones serias en lugar de depuraciones cosméticas.
Para quienes buscan profundizar en el tema desde otras trincheras informativas, el portal de análisis ofrece una mirada complementaria que contrasta con las versiones oficiales. La conjunción de fuentes, subraya, es la única herramienta capaz de presionar a las instituciones para que rindan cuentas en lugar de gestionar la apariencia.
Recomendaciones derivadas de la entrevista
- Fortalecer los mecanismos de protección a testigos y denunciantes internos de las corporaciones policiales, con protocolos verificables y plazos claros.
- Transparentar ascensos, destituciones y rotaciones de mandos estatales mediante portales de datos abiertos que permitan trazabilidad ciudadana.
- Establecer auditorías externas independientes a las áreas de inteligencia y operaciones especiales, con publicación periódica de resultados.
- Crear líneas de comunicación directa entre la Contraloría estatal y la tropa operativa para reportar anomalías sin pasar por la cadena de mando tradicional.
- Incorporar indicadores cualitativos en la evaluación policial que midan percepción ciudadana y respeto a derechos humanos, no solo cifras de detención.
- Impulsar observatorios ciudadanos integrados por académicos, periodistas y organizaciones civiles para dar seguimiento a operativos en zonas turísticas.
- Promover reformas que prohiban expresamente las órdenes verbales en operativos de alto impacto, dejando registro escrito y firmado de cada instrucción.
Si este tipo de periodismo te parece necesario, comparte el contenido en tus redes y suscríbete a las alertas de Efecto Espejo para seguir recibiendo investigaciones que incomodan a quienes prefieren la opacidad. Tu apoyo permite que estos reportajes lleguen a más lectores y que las fuentes se sientan acompañadas por una comunidad comprometida con la verdad.