La controversia por el parque eólico que divide a la costa de Guerrero
Un proyecto de generación eléctrica a partir del viento mantiene en alerta a pescadores, ambientalistas y autoridades de la franja costera que va de Acapulco hacia San Marcos y Tecoanapa. La iniciativa contempla instalar decenas de aerogeneradores en cerros próximos al litoral con una capacidad que se promociona como una de las mayores del Pacífico mexicano.
El debate mezcla promesas de desarrollo con denuncias sobre el territorio y la vida comunitaria. El asunto se ha instalado en asambleas ejidales, cooperativas pesqueras y sesiones del Congreso local, y obliga a preguntarse cómo decidir obras de gran escala en regiones con alta vulnerabilidad social.
Un proyecto que lleva años en planeación
El parque eólico se discutió formalmente en 2019, cuando la empresa promotora presentó a la Secretaría de Energía federal los estudios de factibilidad para una central cercana a los 300 megawatts. Con el tiempo se sumaron nuevas poligonales hasta abarcar alrededor de cinco mil hectáreas distribuidas en varios municipios.
La iniciativa se financiaría con capital privado nacional y extranjero, y se conectaría al Sistema Interconectado Nacional para vender electricidad al centro del país. Los desarrolladores resaltan una inversión cercana a 800 millones de dólares y una derrama económica significativa para una región golpeada por la desigualdad.
El proceso administrativo ha sido irregular. Varios trámites ambientales se resolvieron sin reuniones públicas en los municipios directamente involucrados. La Manifestación de Impacto Ambiental, el permiso federal más sensible, se ha modificado en al menos tres ocasiones, siempre después de la presión de grupos organizados.
Lo que preocupa a los ambientalistas
Especialistas en biodiversidad han advertido sobre los efectos acumulativos de instalar cientos de aspas en una zona reconocida como corredor migratorio. La costa de Guerrero forma parte de la ruta del Pacífico, utilizada por aves playeras, rapaces y colibríes que viajan entre Canadá y Sudamérica. El funcionamiento de los aerogeneradores, señalan los expertos, puede provocar colisiones y fragmentar el paisaje para especies amenazadas.
El litoral también sostiene arrecifes, manglares y zonas de reproducción de tortuga marina bajo protección federal. Organizaciones como el Colectivo Tonatihot han documentado cómo la maquinaria pesada y los caminos de acceso alterarían la dinámica de dunas y estuarios. Argumentan que los estudios de impacto no han considerado escenarios de largo plazo ni los efectos sinérgicos con los desarrollos turísticos cercanos.
A esa preocupación se suman el ruido y la modificación del horizonte. Para habitantes de comunidades como San José Ixtapa, el paisaje costero es parte de su identidad y de su atractivo económico. La instalación de estructuras de más de 120 metros de altura cambiará irreversiblemente la fisonomía de playas que aún dependen del turismo de bajo impacto.
Pescadores y comunidades rurales en pie de lucha
Las cooperativas pesqueras de Punta Maldonado, Llano Real y El Carrizal dependen de lanchas menores y artes tradicionales. Sostienen que la construcción podría cerrar pasos hacia caletas, arrecifes y zonas de desove explotadas por generaciones. En asambleas recientes, los pescadores han pedido ser incluidos en cualquier negociación sobre el uso del suelo y del mar territorial.
El reclamo central es la consulta previa, libre e informada, contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Constitución federal. Las comunidades argumentan que los acuerdos se firmaron con comisariados ejidales que no las representan, lo que consideran una violación al derecho de participación. También han denunciado presiones para aceptar contratos de arrendamiento por décadas a cambio de pagos iniciales.
Un sector de las comunidades rurales teme perder tierras agrícolas y de agostadero. Hay reportes de familias que ya recibieron ofrecimientos individuales de compra, lo que ha generado divisiones internas. Las asambleas reflejan un ambiente tenso, con voces que piden unidad y otras que prefieren negociar directamente con la empresa para asegurar algún ingreso.
Empleos prometidos versus beneficios reales
Los promotores han colocado la generación de empleo como su principal argumento. En presentaciones ante cámaras empresariales, la compañía afirma que durante la construcción se requerirán más de mil doscientos trabajadores, y que en la etapa operativa se mantendrán alrededor de ochenta plazas permanentes, en su mayoría ocupadas por habitantes de la región.
Sin embargo, experiencias previas en Oaxaca y Tamaulipas muestran otra realidad. Los técnicos especializados suelen llegar de otros estados, mientras la mano de obra local queda relegada a tareas de vigilancia, limpieza o apoyo logístico. Pescadores y jornaleros temen que el empleo directo sea limitado y que se encarezcan productos, rentas y servicios por la llegada de personal foráneo.
El beneficio energético también se cuestiona. La electricidad producida sería conducida a subestaciones lejanas, fuera del estado. Para comunidades que aún enfrentan apagones prolongados, la idea de alimentar al centro del país mientras permanecen a oscuras ha generado molestia. Analistas han sugerido que la empresa debería abastecer primero a los municipios donde se asienta el proyecto.
Posturas encontradas en el tablero político
En el plano federal, la Secretaría de Energía ha defendido el parque eólico como parte del programa de expansión de renovables. Funcionarios señalan que cancelarlo ahuyentaría capitales y diputados del Verde y de Morena han respaldado la iniciativa, aunque piden audiencias públicas para revisar quejas específicas.
El gobierno estatal, en cambio, ha mantenido una postura ambigua. El Ejecutivo guerrerense declaró recientemente que se respetará la voluntad de los pueblos, pero evitó fijar una fecha para mesas de diálogo. Alcaldes de la zona han solicitado recursos extraordinarios para reforzar servicios públicos antes del inicio de las obras, una petición que hasta ahora no ha tenido respuesta clara.
En el ámbito municipal y ciudadano, partidos de oposición y organizaciones civiles han organizado foros para analizar el proyecto. En un contexto donde la transparencia gubernamental ha sido socavada por escándalos como la filtración masiva de registros electorales, los reclamos de información abierta sobre contratos han cobrado mayor fuerza.
Argumentos que se debaten en los tribunales
El conflicto jurídico se ha trasladado a los tribunales federales. La defensa del proyecto sostiene que cuenta con todos los permisos legales, mientras los demandantes afirman que se han violentado derechos ambientales y territoriales. Las posiciones más relevantes se pueden resumir en dos bloques opuestos.
Razones esgrimidas por los desarrolladores:
- Cumplimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental.
- Generación de energía limpia para el sistema nacional.
- Inyección de capital privado a una región marginada.
- Compromisos de inversión social firmados con comisariados.
- Respeto a la normatividad de la Comisión Reguladora de Energía.
Razones esgrimidas por los opositores:
- Falta de consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas.
- Riesgo de daño irreversible a humedales y zonas de anidación.
- Afectación a la actividad pesquera sin alternativas económicas.
- Concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos.
- Falta de claridad sobre la empresa concesionaria y sus socios.
Las demandas se concentran en amparos contra permisos otorgados por la Semarnat y en quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Varios despachos sostienen que la lucha legal será larga y que, mientras no haya sentencia firme, las obras pueden continuar, salvo en polígonos donde ya se ordenó la suspensión.
Hasta el momento, un juzgado federal ha ordenado la suspensión temporal de las obras en uno de los polígonos. La decisión final podría sentar precedente para futuros proyectos renovables en la región, lo que mantiene el caso bajo atención nacional.
Movilizaciones y un futuro todavía incierto
Las últimas semanas han sido escenario de cierres intermitentes de carreteras, bloqueos frente a Palacio de Gobierno en Chilpancingo y caminatas pacíficas en Acapulco. Líderes comunitarios anuncian caravanas hacia la Ciudad de México para entregar un pliego petitorio a la Secretaría de Energía, en el que exigirán la cancelación definitiva del proyecto o su relocalización.
La presión social ha colocado el tema en la agenda mediática nacional. Columnistas, diputados y organizaciones internacionales han pedido que se garantice el acceso a la información y se respete el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio. Para pescadores y ejidatarios, la movilización es vista como la última herramienta frente a decisiones tomadas desde escritorios lejanos.
Lo que ocurra en los próximos meses definirá el futuro del parque eólico y, con él, el modelo de desarrollo que se impondrá en la costa de Guerrero. La pugna entre transición energética, derechos territoriales y participación ciudadana se resolverá entre tribunales, asambleas y voluntad política.
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